Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó este jueves que sobre el “Caso Medusa” que tienen un proceso blindado y depositaron 5,800 páginas de evidencia que confirman los hechos de los que se acusa a los involucrados.
El funcionario judicial habló tras participar en la audiencia donde se conoció el recurso de apelación con el que Adán Cáceres, involucrado en la Operación Coral, esperaba se le devolviera su libertad.
Se espera que este viernes se inicie el conocimiento de medida de coerción contra los implicados en el denominado “Caso Medusa”, luego de que el pasado miércoles por la noche, la fiscal Mirna Ortiz depositara la solicitud de prisión preventiva para los implicados y declaratoria del caso como complejo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Estado de indefensión injustas
El mayor general Adan Cáceres Silvestre dijo a los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que se encuentra en un estado de indefensión, debido a que está encerrado en una celda y solo lo sacan a tomar sol una hora al día.
Sobre ello, Camacho expresó que “el Modelo de Gestión Penitenciaria tiene un tratamiento igualitario para todos los internos del penal”.
“Lo que no hay en el modelo ni debe en este país ni ninguno es privilegios y no puede ser que el modelo trate de responder a lo que un interno específicamente quiere reclamar que es diferente al tratamiento que se le da a todos los internos”, agregó el titular de la Pepca.
El ex director del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) e imputado en la denominada “Operación Coral” continuará cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres por falta de “presupuesto suficiente” para variar la medida de coerción.
“Se entiende que, por sentido común, siempre que se solicite una revisión o se apela una decisión es porque hay nuevos presupuestos, que pueden suscitar la variación de la medida, pero es ahora con lo que hemos analizado dentro del marco de la decisión dictada por la juez que por lo tanto no hay presupuesto”, expresó el tribunal, compuesto por Nancy Joaquín, Ignacio Camacho y Mariana Daneira García.
