La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que el Ministerio Público tiene todas las pruebas que establecen que contra Yocairi Amarante, víctima de un ataque con “ácido del diablo”, se cometieron actos de barbarie y tortura.
Ramos reiteró que la violencia a que fue sometida la víctima merece la pena máxima, que en este caso es de 30 años de prisión, en contra de Willy Antonio Javier, principal imputado, Pedro Alexander Sosa Méndez (Alex) y Joan José Féliz (Pinol). “Y esto es lo que pediremos como Ministerio Público”, expuso.
“Escuchar el testimonio de Yocairi nos lleva a reflexionar y actuar para que estos abusos no se repitan contra ningún ser humano…nosotros tenemos vídeos, testimonios de personas que conocen la violencia a que ella era sometida por su ex pareja y padre de su hija”, apuntó Ramos.
Durante la segunda audiencia del juicio de fondo contra los tres acusados de echar “ácido del diablo” a Yocairi Amarante, el órgano acusador presentó el testimonio de la actual pareja de la víctima, quien confirmó la violencia sistemática a que ella era sometida.
“Él (Willy) la agredía verbal y psicológicamente, la llamaba para insultarla y la perseguía, todo porque ella se negó a reestablecer una relación con él”, declaró.
El juicio de fondo se lleva a cabo en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y quedó en receso hasta el próximo martes 31 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
La decisión de las juezas Arlín Ventura, Milagros Ramírez y Leticia Martínez estuvo motivada por la no comparecencia de tres testigos, a pesar de que dos de ellos tenían orden de conducencia.
Según las pesquisas realizadas por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra las Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional, Willy Antonio Javier, expareja de Yocairi Amarante, ofreció la suma de RD$25,000 a “Alex” para que perpetraran el ataque con “ácido del diablo”, una mezcla de sustancias corrosivas que quema la piel y el tejido. Los imputados se pasaron aproximadamente 15 días planificando el crimen.
El órgano acusador recordó que, a causa de los sancionables actos cometidos, la joven resultó con quemaduras graves en diferentes partes del cuerpo, por lo cual fue sometida a varias cirugías; también el conductor del carro público en el que ella se desplazaba presentó quemaduras múltiples en brazo, costado y pierna derecha.
Los imputados en este hecho cumplen prisión preventiva en la cárcel pública 15 de Azua.
