La Junta Central Electoral (JCE) puso en vigencia un nuevo reglamento que redefine las reglas para el registro y la desafiliación de militantes en los partidos políticos, con el objetivo de eliminar la llamada “multiplicidad de afiliaciones” y fortalecer la transparencia del sistema.
La normativa introduce cambios estructurales en la gestión de los padrones partidarios. A partir de su implementación, todo ciudadano que aparezca inscrito en más de una organización será clasificado automáticamente como “inactivo”. Para restablecer su condición de miembro activo en un solo partido, deberá acudir ante la JCE y validar su identidad mediante mecanismos físicos o biométricos, garantizando así que su afiliación responda a una decisión expresa y voluntaria.
Como parte de las medidas, el órgano electoral habilitará una plataforma digital permanente que se convertirá en el único canal oficial para que las organizaciones políticas depositen y actualicen sus registros. Los partidos que utilicen sistemas informáticos propios deberán asegurar la compatibilidad de sus bases de datos con la plataforma institucional.
El reglamento fija además el 1 de agosto de cada año —a partir de 2026— como fecha límite para la entrega y actualización de los padrones. En años electorales, el plazo se extenderá hasta el 1 de noviembre.
La disposición también establece restricciones claras: no podrán estar afiliados a partidos miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, jueces del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional ni funcionarios de la propia JCE, entre otros. Quienes ingresen a estas instituciones perderán automáticamente su militancia partidaria.
En cuanto a la desafiliación, la normativa introduce facilidades y garantías. Se considerará renuncia automática cuando un militante respalde públicamente a otra candidatura o se inscriba en un partido distinto, siempre que exista constancia de su consentimiento. Sin embargo, las críticas internas o desacuerdos con candidaturas propias no implicarán expulsión automática; cualquier sanción deberá agotarse mediante un proceso disciplinario con respeto al debido proceso.
