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Ministerio de Salud cierra más de 500 centros de salud y estéticas por incumplir normas sanitarias

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Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, informó que ha dispuesto el cese de servicios de 501 establecimientos de salud y servicios estéticos a nivel nacional, desde el año 2024 hasta abril de 2026, por violaciones a lo establecido en la Ley General de Salud 42-01 y las normativas vigentes.

De acuerdo con los informes técnicos, las intervenciones se desglosan de la siguiente manera: 281 centros cerrados en 2024, 177 en 2025 y 43 en lo que va de 2026, como resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario.

La entidad indicó que estas medidas se adoptan tras detectarse irregularidades que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, evidenciando que una gran parte de los establecimientos intervenidos operaban sin licencia de habilitación sanitaria o con permisos vencidos.

Entre los establecimientos clausurados figuran centros médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, bancos de sangre, centros de diagnóstico por imágenes, clínicas y centros de medicina estética, estudios de tatuajes y consultorios privados, ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Herrera, Los Alcarrizos, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Bávaro, La Altagracia, Monseñor Nouel, entre otras demarcaciones.

De acuerdo con los informes de inspección, las principales causas de cierre incluyen la operación sin licencia de habilitación sanitaria, permisos vencidos, alteraciones de infraestructuras no autorizadas, violación de la cartera de servicios autorizadas, casos bajo investigación, incluyendo fallecimientos en algunos centros, así como denuncias por irregularidades en los servicios y violaciones a la Ley 42-01.

Asimismo, se destacan casos relevantes como el cierre de bancos de sangre que operaban sin autorización, clínicas estéticas con denuncias y procedimientos no regulados, así como centros quirúrgicos que no cumplían con las condiciones básicas para su funcionamiento.

Como parte de las acciones más recientes, el Ministerio de Salud informó que en abril de 2026 fueron cerrados varios establecimientos por incumplimiento de las normativas sanitarias. Entre estos figuran Aplas American Plastic Surgery, por deficiencias en el manejo de desechos y realización de cambios en su infraestructura sin la debida autorización; y Clideme, Clínica de Especialidades Médicas y Esteticas, por incumplimiento de la Ley General de Salud, al realizar procedimientos estéticos, modificaciones internas sin autorización.

Asimismo, se dispuso el cierre de Anatómica de Trasplante Capilar, en La Romana, tras detectarse personal extranjero laborando sin la debida autorización; y de la Clínica Guzmán, en Jacagua, donde se ordenó el cese de servicios en el quirófano por no contar con la infraestructura adecuada y operar una cámara hiperbárica no autorizada.

En cuanto a servicios de sangre, fueron clausurados el Banco de Sangre Jireh, en Santo Domingo; el Laboratorio y Banco de Sangre Salud y Vida, en San Francisco de Macorís, así como el Banco de Sangre Cibao 24/7, por operar sin la habilitación correspondiente.

El ente rector de salud indicó que en más del 80 % de los casos se aplicó el cese de servicios acompañado de citación, mientras que otros establecimientos recibieron plazos para corregir irregularidades o iniciar procesos de regularización.

En ese sentido, el Ministerio de Salud reiteró que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, con el objetivo de garantizar servicios seguros, de calidad y apegados a las normativas vigentes, protegiendo la salud de la población. Al mismo tiempo, exhortó a los prestadores de servicios a cumplir con los requisitos de habilitación establecidos.

Empresarios y sindicalistas se comprometen a seguir trabajando junto al Gobierno en favor del crecimiento económico y bienestar de trabajadores

Presidente Abinader encabeza entrega de galardones a destacados trabajadores y empresarios dominicanos que contribuyen al desarrollo económico y social del país

Es la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral instituido por el presidente Abinader en 2025

Santo Domingo. – Al celebrarse este viernes 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral para reconocer a trabajadores y empresarios que han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y humano del país, promoviendo el empleo digno y la excelencia en el trabajo.

En un escenario en el que primó la justicia, el reconocimiento y la gratitud, fueron entregadas ocho medallas al mérito laboral frente a más de un centenar de representantes del sector sindical, empresarial y gubernamental.

Este premio fue instituido por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 389-25, estableciéndose además como un compromiso con el fortalecimiento del diálogo tripartito.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, indicó que la alianza y trabajo conjunto entre el Gobierno, empleadores y trabajadores, permite la construcción de un futuro común próspero y se comprometió, desde el Ministerio de Trabajo, a seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el empleo, garanticen condiciones laborales justas y promuevan el diálogo social como herramienta fundamental para la paz laboral.

“El progreso sostenible se construye sobre la base del respeto a los derechos laborales y la promoción de empleos dignos”, concluyó Olivares.

Por el sector empleador, Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, reconoció el esfuerzo de más de 5 millones de trabajadores que sostienen cada día la actividad productiva del país, impulsando el crecimiento y promoviendo oportunidades para millones de familias.

También valoró la iniciativa del Gobierno del presidente Luis Abinader de institucionalizar el trabajo y manifestó su disposición de seguir trabajando de manera tripartita por el crecimiento de nuestra economía.

Del mismo modo, el representante sindicalista Rafael “Pepe” Abreu, expresó con gran convicción, que este es un Gobierno que se preocupa por el justo equilibrio y por el bienestar de todos los sectores.

Galardonados

En esta primera edición, el Gran Galardón al Trabajador Meritorio fue otorgado, por su dedicación y ética, a William Radhamés Tejada Alcántara, de Nestlé Dominicana y dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS). La medalla por Excelencia en el Trabajo se entregó a Domínica Cabral de Rijo, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); la de Innovación, a Victoria García Ravelo, de CNUS; y la de Liderazgo y Armonía Laboral, a Manolo (Pupilo) Ramírez, de la CASC.

El reconocimiento al Compromiso con los Derechos de los Trabajadores recayó sobre Gabriel Antonio Del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), por su legado, integridad y permanente compromiso en defensa no del bienestar de los trabajadores y trabajadoras.

En la categoría de Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales, fueron reconocidos los empresarios José Luis Corripio, Félix María García Castellanos y Frank Rainieri, por sus aportes al desarrollo empresarial y la creación de empleos en la República Dominicana.

Podrán ser candidatos los trabajadores de cualquier sector productivo, instituciones y empresas nacionales e internacionales con un historial comprobado de buenas prácticas laborales; asimismo, personas que hayan prestado servicios por un período prolongado y con impacto positivo en la sociedad.

Entre los asistentes, también destacan los presidentes, del Senado, Ricardo de los Santos; del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; los presidentes, de COPARDOM, Laura Peña Izquierdo; de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos; y el alcalde por SDE, Dio Astacio.

Ministerio de Defensa realiza amplio operativo médico y odontológico en Montecristi y anuncia construcción de escuela vocacional

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Montecristi.– El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, realizó un amplio operativo médico y odontológico en el municipio de San Fernando de Montecristi, con el objetivo de brindar atención integral de salud a cientos de ciudadanos de esta demarcación.

La jornada, desarrollada en el Centro Educativo en Artes José Martín, incluyó consultas en múltiples especialidades médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, elaboración de prótesis dentales y distribución de raciones alimenticias, impactando de manera directa y positiva a las comunidades más vulnerables de la zona.

Este tipo de iniciativas forma parte de uno de los ejes estratégicos de las Fuerzas Armadas, orientado a contribuir activamente al desarrollo social del país, llevando bienestar, prevención y asistencia a la población.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien estuvo acompañado por la gobernadora civil de la provincia de Montecristi, Leissa Cruz Polanco, y el senador de la provincia, Bernardo Alemán, junto a otras autoridades civiles y militares.

Durante su intervención, el ministro de Defensa destacó el impacto de este tipo de operativos en la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que reafirmó el compromiso institucional de continuar desarrollando acciones que fortalezcan el bienestar social en todo el territorio nacional.

De manera especial, anunció la construcción de una sede de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas en el municipio de San Fernando de Montecristi, iniciativa que abrirá nuevas oportunidades de formación técnica para los jóvenes de esta zona del país. En ese sentido, explicó que estas escuelas constituyen un pilar fundamental en la estrategia de desarrollo social de las Fuerzas Armadas, al ofrecer capacitación en diversas áreas técnicas y ocupacionales que facilitan la inserción laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos en las comunidades.

Asimismo, precisó que el proyecto ya cuenta con los terrenos asignados y se encuentra en la fase final de diseño y elaboración de planos, incluyendo el levantamiento y análisis de las necesidades y oportunidades laborales de la zona, con el objetivo de definir una oferta académica alineada a la realidad productiva local y a las demandas del mercado.

Las autoridades locales agradecieron al Ministerio de Defensa por la realización de este importante operativo, destacando el impacto altamente positivo que representa para la comunidad, tanto en materia de salud como en el impulso al desarrollo educativo y social.

Con acciones como esta, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso no solo con la seguridad y defensa de la nación, sino también con el desarrollo humano y el bienestar de todos los dominicanos.

Presidente Abinader designa comisión de veeduría para licitación de la Autopista del Ámbar

La comisión estará integrada por el obispo Jesús Castro Marte, Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González

Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 298-26 mediante el cual designa una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar el proceso de licitación del proyecto “Diseño y Construcción de la Carretera de Conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, conocida como Autopista del Ámbar”.

La comisión estará integrada por el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, junto a Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González, quienes tendrán la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el desarrollo del proceso de licitación.

El decreto, firmado el 1 de mayo de 2026 en Santo Domingo, establece esta medida con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en un proceso de contratación considerado de alto impacto para la conectividad territorial y el desarrollo económico del país.

De acuerdo con el decreto, este órgano podrá recibir observaciones, denuncias y sugerencias de ciudadanos, proveedores y organizaciones, así como emitir informes de seguimiento con hallazgos que podrán ser incorporados al expediente administrativo del proceso.

Asimismo, se establece que las instituciones involucradas, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso RD Vial, deberán facilitar a la comisión el acceso a la información relacionada con el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El documento precisa que la Comisión tendrá carácter estrictamente observador y no intervendrá en las competencias del Comité de Compras y Contrataciones ni en la evaluación de ofertas.

Además, los miembros deberán suscribir un compromiso ético previo al ejercicio de sus funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y su deber de confidencialidad.

Fuerza del Pueblo afirma que la seguridad ciudadana “va en reversa” tras seis años sin rumbo claro

Josefina Reynoso advierte que el país carece de una política coherente, denuncia derroche en asesorías y exige auditoría, transparencia y resultados verificables.

Santo Domingo.- La secretaria de Seguridad Ciudadana del partido Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, denunció que la República Dominicana lleva seis años sin una política de seguridad ciudadana coherente, marcada por la improvisación institucional, el uso reiterado de militares en funciones policiales y la ausencia de resultados concretos frente a la delincuencia.

La posición fue dada a conocer mediante un documento en el que la organización política sostiene que, en ese período, se han destinado más de RD$300 millones de pesos, según distintos contratos, a consultores, asesores y planes que han sido relanzados en múltiples ocasiones sin rendición de cuentas ni impacto medible en la reducción del crimen.

En el documento, Reynoso señala que la política de seguridad del gobierno se ha caracterizado por una cadena de programas ineficientes, sin prevención del delito, sin intervención comunitaria y sin fortalecimiento institucional. Entre ellos citó iniciativas como Mi País Seguro, De Vuelta al Barrio, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Operación Garantía de Paz, incluyendo su versión 2.0, “ninguno de los cuales fue evaluado públicamente ni arrojó resultados verificables”.

Asimismo, la dirigente política denunció que, para la ejecución de estos planes, se han adjudicado contratos mediante procedimientos de excepción, bajo el argumento de seguridad nacional, para la contratación de comisionados y asesores nacionales e internacionales en el marco de la denominada reforma policial. A su juicio, estos procesos corresponden en realidad a simples servicios de asesoría, lo que constituiría una violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y a los principios de transparencia administrativa.

Reynoso también criticó lo que definió como una “militarización permanente” de la seguridad ciudadana, señalando que el artículo 252 de la Constitución establece que el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional debe ser excepcional. “Si durante seis años se necesita militarizar la seguridad ciudadana de manera constante, el problema no es operativo: es político”, expresó.

En ese sentido, cuestionó que nuevamente las autoridades se reúnan para relanzar planes vinculados al tránsito y la seguridad vial, los cuales ya habían sido implementados en 2022, relanzados en 2024 y presentados otra vez en 2026. “Ya estamos cansados de planes fallidos”, afirmó.

El documento también hace referencia a una contradicción en la gestión de la reforma policial, al señalar que el comisionado responsable ha publicado textos académicos donde advierte que los gobiernos fracasan cuando diseñan políticas públicas sin evidencia ni diagnósticos reales, descripción que, según la Fuerza del Pueblo, coincide con la actual gestión.

“La seguridad no se administra con marketing, no se resuelve con ruedas de prensa y no se construye con contratos millonarios sin resultados. Se garantiza con liderazgo, planificación y autoridad. Y hoy, lamentablemente, este gobierno ha fracasado en materia de seguridad”, puntualizó Reynoso.

Frente a este panorama, la Fuerza del Pueblo propuso una agenda concreta que sustituya el modelo actual por acciones reales. Entre ellas, planteó la necesidad de una policía verdaderamente profesional, con formación sólida, manejo de crisis, respeto al debido proceso y a los derechos humanos, así como la reducción de muertes en supuestos intercambios de disparos que, según indicó, han aumentado en los últimos dos años, alcanzando 51 casos en lo que va de 2026.

Además, propuso la implementación de un verdadero Plan Nacional de Seguridad con rendición de cuentas, metas verificables, cronograma de ejecución e informes periódicos ante la ciudadanía, estableciendo que ningún programa debe relanzarse sin evaluar previamente sus resultados.

La organización también abogó por retomar la prevención del crimen mediante la intervención comunitaria como eje central, con programas dirigidos a la juventud, el fortalecimiento de la policía de proximidad, la coordinación con gobiernos locales y el abordaje de las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la deserción escolar, la salud mental y el desempleo juvenil.

Además, Reynoso planteó la necesidad de garantizar transparencia en el gasto en seguridad, proponiendo que todos los contratos sean públicos, licitados y auditados, así como la creación de una Comisión de Veeduría Ciudadana con participación de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales.

En nombre de la Fuerza del Pueblo reiteró que la actual situación requiere decisiones firmes y un cambio de enfoque que devuelva la confianza a la población y garantice resultados reales en la lucha contra la delincuencia.

Secretaría de Comunicaciones
Fuerza del Pueblo

Tras impacto crisis en Medio Oriente gobierno dominicano dispone medidas de contención

El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron este jueves el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente.

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales.

Detalló que estas acciones incluyen la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50% del presupuesto a los partidos político, entre otros. Además, una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

Presbot subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión para economías como la dominicana es el aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.
En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana, lo que incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios.

Asimismo, resaltó que, pese al contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de países de la región, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las familias dominicanas. No obstante, advirtió que estos esfuerzos implican un costo fiscal significativo, por lo que deben manejarse con prudencia y sostenibilidad.

Mientras que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, provocado por el alza de más de un 80 % en el precio del petróleo, pero aseguró que el Gobierno ha centrado su estrategia en tres objetivos esenciales: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública, apoyado en reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.

JCE extiende renovación cédula cumpleañeros de abril hasta el 11 de mayo

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La Junta Central Electoral informó que la ciudadanía nacida en abril podrá renovar su cédula hasta el 11 de mayo.

El organismo indica ademas que esta disposición responde a que la jornada de cedulación inició el pasado 12 de abril, con el propósito de facilitar que las personas que cumplen años en ese mes,  completen su proceso de renovación.

Asi mismo la Junta Central Electoral informa que las personas nacidas en mayo podrán renovar a partir del 1 del citado mes, conforme al calendario establecido.

Para obtener el documento electoral, los ciudadanos pueden acudir a los 193 centros de cédulación y consultar ubicaciones y horarios en el portal web https://nuevacedula.jce.gob.do/.

La Junta Central Electoral (JCE) dio inicio formal al proceso de cedulación en la República Dominicana, el pasado 12 de abril, marcando un paso clave hacia la modernización del sistema de identidad nacional.

El nuevo proceso busca actualizar la base de datos de los ciudadanos y fortalecer la seguridad del documento, incorporando tecnologías más avanzadas que permitirán reducir fraudes y mejorar la verificación de identidad. Las autoridades informaron que la renovación de la cédula se realizará de manera gradual en distintos puntos del país.

La obtención del documento de identidad incluye la captura de datos biométricos, fotografía digital y verificación de información personal, lo que permitirá contar con un registro más preciso y actualizado. Además, se han dispuesto unidades móviles para facilitar el acceso en comunidades alejadas.

Mesa técnica JCE trata avances de cedulación a nivel local y en el exterior con organizaciones políticas

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) se reunió este jueves con los miembros de las distintas organizaciones políticas acreditadas ante la institución para abordar los avances de la cedulación a nivel nacional y el comienzo del proceso en el exterior a partir del 20 de mayo.

La reunión la encabezaron los miembros de la Mesa Técnica de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral, integrada por los directores Américo Rodriguez (Cedulación), Jhonny Rivera (Informática), Denny Díaz Mordán (Partidos Políticos), Rhina Díaz (Registro Civil), Well Sepúlveda (Voto Dominicano en el Exterior), Suedi León Jiménez (Comunicaciones), Ramón Urbaez (Coordinación de Juntas Electorales), Juan Tavarez (Inspectoría), Mario Núñez (Elecciones), Luis Mariano Matos (Registro Electoral) y la consultora jurídica Nicauris Báez Ramírez.

Durante la reunión el director de Cedulación, Américo Rodríguez, socializó con los representantes de los partidos, movimientos y organizaciones políticas el borrador del protocolo para la personalización centralizada de cédulas y su entrega mediante validación biométrica, así como también el borrador del manual de procedimientos de cadena de custodia.

Tras haber socializado estos borradores con las organizaciones políticas, se entregaron los documentos impresos a los representantes de las organizaciones políticas, los cuales también fueron remitidos por correo electrónico, para que lo estudien y envíen sus observaciones a más tardar el próximo miércoles 6 de mayo.

Asimismo, Rodríguez expresó que en los operativos y jornadas de cedulación las organizaciones políticas podrán acreditar un representante para tener una participación controlada y observar el proceso de cedulación y que, para ello, tendrán hasta el próximo viernes para designarlo.

Las observaciones a los borradores del protocolo y del manual, así como la designación de los representantes deberán ser remitidos vía Secretaría General en los plazos señalados.

Mientras que el director de Informática, Johnny Rivera, informó que la JCE ha habilitado una plataforma para que los delegados de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas puedan darle seguimiento al estatus de las personas cedulables con corte desde al 12 de abril, cuando inició el proceso masivo de cedulación.

Sistema de citas a nivel local y en el exterior

En tanto que el director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepulveda, adelantó que en el exterior han sido habilitadas las citas para que los dominicanos y dominicanas que residen fuera de su país puedan renovar su documento de identidad.

Sepúlveda reveló que hasta el momento ya han realizado 21,400 citas en todas las oficinas en el exterior para renovar el documento de identidad, a partir del 20 de mayo, con un aforo del 50 por ciento según la capacidad de cada centro, pudiendo ser atendida alrededor de unos 1,982 ciudadanos por día.

Sepúlveda informó que entre los meses de agosto y septiembre se empezarán a coordinar los operativos móviles en el exterior.

Además, durante la reunión con las organizaciones políticas, el director de Registro Electoral, Luis Mariano Matos, detalló las casuísticas más comunes en el proceso de depuración previo a validar y personalizar para la entrega de la nueva cédula.

En ese mismo contexto, la directora de Registro Civil, Rhina Diaz, abordó sobre el estatus del ciudadano o ciudadana que debe revisarse previo a entregársele su nueva cédula.

Díaz destacó que actualmente los adultos mayores son los que más están acudiendo a renovar su cédula y que han sido los que han requerido acciones de búsqueda de datos a verificar en las oficialías, a través del Registro Civil, y una vez verificada y resuelta esta casuística, pasa a Control de Calidad para aprobación de entrega.

JCE recibió 236 mil 358 solicitudes de servicios para la nueva cédula desde el 12 al 25 de abril

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral recibió 236 mil 358 solicitudes de servicios con miras a obtener la nueva cédula de identidad y cédula de identidad y electoral desde el domingo 12 al sábado 25 de abril del presente año.

De esta cifra, han sido entregadas 182,006 cédulas en el nuevo formato y están listas 32,205 para que los ciudadanos la pasen a retirar a cualquier centro de cedulación de su preferencia y 22,147 en trámite de personalización para entrega.

Un dato importante para destacar es que, de estas 236 mil 358 solicitudes, 118,859 corresponden al sexo femenino y 117,499 al masculino.

Servicios ofrecidos por grupos etarios

Entre los grupos etarios que han acudido a renovar su cédula desde el 12 al 25 de abril se destaca: entre 31 a 40 años de edad, un total de 43,946 (18.6 %); entre 51 a 60 años de edad, un total de 42,449 (18 %); entre 41 a 50 años de edad, la cifra de 42,125 (17.8 %); de 21 a 30 años de edad, un total de 37,334 (15.8 %); de 61 a 70 años de edad, 33 mil (14 %); de 71 a 80 años de edad, 18,142 (7.7 %); de 16 a 20 años, 13,990 (5.9 %); de 81 a 90 años, un total de 4,693 (2 %); de 91 a 100 años, un total de 652 (0.3 %); y de 100 años en adelante, un total de 27 ciudadanos y ciudadanas.

Provincias con más solicitudes

Entre las provincias que más servicios han requerido para la renovación del documento de identidad figuran, en primer lugar, Santo Domingo, con 45,885; seguido del Distrito Nacional, con 34,619; en un tercer lugar está Santiago, con 23,281. Asimismo, prosiguen San Cristóbal, con 14,645; seguido de La Vega, con 9,422; Puerto Plata, con 7,799; Duarte, con 7,797; y San Pedro de Macorís, con 7,214. Las demás provincias oscilan entre 6 mil y hasta mil solicitudes de servicios.

Estas cifras no incluyen las personas que han participado en el primer trimestre del año en los operativos de captura y posterior entrega en instituciones públicas, privadas, con o sin fines de lucro, disposición que el Pleno de la JCE aprobó que se extendiera hasta marzo de 2027, de forma simultánea con los servicios que se ofrecen en los 193 centros de cedulación, con el objetivo de aumentar la capacidad de la emisión del documento de identidad y de garantizar, eficientemente, el cumplimiento de la meta de dotar a la ciudadanía de la nueva cédula.

La JCE inició el pasado 12 de abril la cedulación a nivel nacional con 193 centros de cedulación disponibles para la ciudadanía, la cual debe acudir en el mes de su cumpleaños.

La ciudadanía puede informarse de todos los detalles de la nueva cédula en la web habilitada para estos fines www.nuevacedula.jce.gob.do, así como en la página institucional y las redes sociales del órgano electoral y de la identidad.

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia para este sábado 2 de mayo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El expediente indica que, posteriormente, ejerció presión emocional sobre la estudiante con la finalidad de que accediera a conductas de índole íntima, pese a que esta, había manifestado de manera expresa, su negativa.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
Como parte de las evidencias aportadas, el órgano acusador presentó una evaluación psicológica practicada a la víctima por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual establece indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.