Por Tomás Gómez Bueno

Las comisiones tradicionalmente no logran los resultados esperados. Rara vez resuelven el problema que motiva su surgimiento. Mientras más numerosos y rimbombantes son sus integrantes, menos eficaces y visibles son sus resultados.

Regularmente estos encargos oficiales colectivos son una forma de ganar tiempo y postergar el tratamiento de un problema que urge de una solución a tiempo y satisfactoria. Son la tabla de salvación más cercana para darle respuesta a una situación que ha crispado el ánimo público y que ya no aguanta más amagues ni promesas repetidas.

Nuestros políticos nos han enseñado que las comisiones son un alivio recurrente que funciona como estratagema burocrático con el que se pretenden atenuar situaciones que requieren una salida rápida sin perder la elegancia ni la compostura. Son las escaleras de emergencia cuando el fuego se está haciendo sentir y el humo expande las sombras del pánico sobre un entorno social que comienza dar muestra de asfixia y desesperación.

Esta presentación de caras y nombres es una convención colectiva, teatral y dramática, que hemos aceptado hasta el hartazgo. Son el placebo social y político que da un respiro, baja las tensiones y permite ganar un tiempo que se va deslizando por la pendiente del olvido para que continuemos con más frustración que vergüenza repitiendo lo mismo de siempre. Son articulaciones contingentes que funcionan como un sucedáneo válido que todos hemos admitido como el respiro más atendible para bajar la presión social y tomar un poco de aire en el camino, nunca para darle respuesta a problemas que arrastramos por décadas.

Es innegable que ante el repugnante y abominable caso de la muerte de la pareja evangélica que fue abatida hace poco en Villa Altagracia, el nombramiento por el presidente Luis Abinader de una comisión de ciudadanos connotados, ha traído algún alivio social y mediático, y por los nombres que la componen, también alguna esperanza ponderable.

Esta comisión está integrada por gentes de muy alta aprobación social y de reconocida nombradía, pero hay que tener presente que las comisiones oficiosas tienden a convertirse en abismos burocráticos de trapisondas que engullen prestigios, los tritura y los arrojas desorbitados en los caminos inconclusos de la patria frustrada.

Las comisiones requieren cambios en su metodología de trabajo, en la forma de abordar los temas, en el rigor en que deben presentar sus informes y en los resultados que arrojan, si es que logran algo que pueda llamarse “resultado”. Inician con mucha euforia y altas expectativas y tienen el don de desaparecer sin que nadie se dé cuenta ni le reclame nada.

El presidente Abinader quiere la solución real de un problema y ha nombrado una comisión de ciudadanos preocupados y capaces. Se trata de una comisión que deberá empezar por una crítica de sí misma, una evaluación del manejo y de la metodología que habrá de emplear para diferenciarse de esa repetida farsa a la que ya nos hemos acostumbrado, como esas películas malas que el final ya se conoce con el primer pantallazo.

La comisión nombrada debe hacer un programa de trabajo para entregar informes de hallazgos relevantes y con propuestas viables. Antes que nada, esta comisión debe establecer cuál es su alcance y qué se propone lograr.

A menos que la propuesta de reforma policial, acelerada por el caso de la muerte de Joel y Elisabeth, no facilite la articulación de un equipo de trabajo que vaya más allá de la panacea coyuntural y mediática con las que han funcionados estas instancias nombradas hasta ahora, esta iniciativa podría terminar en otra gran frustración colectiva. Una carga de pesares que tiene efecto acumulativo y que crea desconfianza y desesperanza en el pueblo.

La comisión debe tener claro que no va darnos la fórmula para crear la policía ideal. Solo podrá llegar, si lo va a ser con la realeza de nuestro contexto, a delinear el esbozo de una policía posible proyectada hacia una población que requiere también un proceso de transformación, de cambios, de progresiva compresión de lo que es la autoridad, el orden social y la responsabilidad ciudadana.

Vivimos en una sociedad que evidencia una notable crisis de autoridad. Y solo bajo el entendimiento de lo que es autoridad, orden, responsabilidad ciudadana, respecto y capacidad de interacción dinámica para una convivencia digna y pacífica, podremos lograr el cuerpo policial adecuado.

No tenemos dudas que nuestro presidente Luis Abinader tiene un serio interés de hacer una reforma en todos los órdenes de nuestra sociedad, pero empleando los mismos métodos no va a lograr resultados distintos. Los cambios reales solo van a ser posible promoviendo de manera integral una nueva cultura que nos involucre a todos y en las que todos nos sintamos responsables de mejorar la calidad de vida del dominicano en su mayor amplitud posible.

Esta comisión deberá verse ante un desafío grande, un reto histórico que está llamado a romper con ese ardid, esa teatralidad de ocasión que ha representado el nombramiento de comisiones ante situaciones acuciantes y complejas. Deben sus miembros estar conscientes de que sin un pacto colectivo integral que involucre a toda la sociedad, lo que no es una tarea fácil de lograr, no habrá reforma policial efectiva.