El presidente del Frente Cívico y Social, Isaías Ramos manifestó hoy que con el apresamiento del exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros empleados de su gestión, el Ministerio Público está cumpliendo con la misión de hacer justicia como lo demanda la población.

“Esto ha sido una gota de agua en medio de de tanta hambre y sed de justicia que tiene este pueblo. Es momento de que se le haga justicia a los corruptos que nos han robado tanto; entendemos que la procuradora, Mirian Germán está comenzando a cumplir con el mandato que el presidente Luis Abinader y el pueblo le dieron de hacer justicia”, sostuvo.

Ramos llamó ademas a los actuales funcionarios, a verse en el espejo de quienes hoy están enfrentando procesos judiciales por supuestamente haber desfalcado al Estado.

“Esto va a servir de ejemplo a los funcionarios actuales y de una futura administración para que entiendan que deben trabajar bajo la ley; el pueblo no les va a permitir seguir lucrándose con lo que le corresponde a la ciudadanía”, indicó.

El presidente del movimiento dijo que se hace urgente, someter nueva vez al Congreso Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, para que quienes se demuestre que han incurrido en corrupción, devuelvan lo robado al Estado.

Una especie de comando de campaña, donde supuestamente se distribuía ron, fue en lo que se convirtió la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Los fiscales que investigan la denominada «Operación Medusa» dicen que la Procuraduría se usaba para vender y mantener en primer plano la figura del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Y que también era un depósito de compras de suministros para actividades políticas.

Así lo establece el Ministerio Público (MP) en el documento donde reposan las acusaciones contra Rodríguez, quien desde el pasado martes esta a esperas de que se le conozca medida de coerción tras estallar la “operación medusa”.

El Ministerio Público sostiene que hasta el área de estacionamiento soterrado de la procuraduría sirvió como depósito de las compras de bebidas alcohólicas, provenientes de Villa Consuelo, que posteriormente eran reenvasadas en botellas plásticas para ser distribuidos en las actividades realizadas por el citado movimiento político.

Así mismo, explican que para los mismos fines se preparaban sobres con  RD$400 cada uno, y que estos eran entregados en la oficina del imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, o en la sede principal de Renovación 2020, ubicada en la Winston Churchill.

Todo estaría enmarcado dentro del llamado “Movimiento Político Renovación”, una agrupación política que antes era dirigida por Jean Alain Rodríguez, cuando este era director del CEI-RD, pero que en el año 2016 habría pasado ser dirigido por Rafael Stefano Canó Sacco, uno de los implicados.

“Durante el transcurso de la campaña política de 2020 fueron nombrados en distintas zonas del país unos empleados denominados enlaces comunitarios, los cuales no eran más que activistas políticos pagados por la Procuraduría General”, señala parte de la investigación en contra del grupo.

El ex director del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) e imputado en la denominada “Operación Coral” continuará cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres por falta de “presupuesto suficiente” para variar la medida de coerción.

“Se entiende que, por sentido común, siempre que se solicite una revisión o se apela una decisión es porque hay nuevos presupuestos, que pueden suscitar la variación de la medida, pero es ahora con lo que hemos analizado dentro del marco de la decisión dictada por la juez que por lo tanto no hay presupuesto”, expresó una de las juezas en apelación.

Asimismo, el tribunal compuesto por Nancy Joaquín, Ignacio Camacho y Mariana Daneira García, aseguró que la decisión da oportunidad a que el ministerio público continúe las investigaciones y las puertas estarán abiertas para una nueva revisión.

El ministerio público pidió este miércoles a los jueces de la tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que rechace el recurso de apelación interpuesto por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y confirme la resolución de la jueza Kenya Romero,  quien le impuso 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres, como medida de coerción por su presunta participación en el Caso Coral.

La barra del ministerio público, encabezada por la procuradora adjunta de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, planteó que la resolución que dispuso la medida de coerción no contiene los vicios procesales  que le atribuye la defensa del imputado.

Reynoso señaló además que hay un riesgo procesal y de destrucción de evidencias y que disponen de suficientes elementos de pruebas que comprometen responsabilidad penal del acusado.

Mientras que la defensa legal de Cáceres Silvestre solicitó al tribunal que acoja  el recurso de apelación y declare la revocación de la resolución de medida de coerción.

Cáceres es representado por los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romel Jiménez.

El recurso es conocido por los jueces Ignacio Camacho, presidente del tribunal, Nancy Joaquín y Mariana García.