El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, convocó este martes a una rueda de prensa para el próximo jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la Torre Solazar, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, donde su equipo legal responderá al octavo informe presentado por Participación Ciudadana sobre el proceso judicial que enfrenta.
Durante el encuentro con la prensa, la defensa del exfuncionario asegura que presentará documentación detallada y verificable con la que busca rebatir los señalamientos contenidos en dicho informe, así como explicar diversas actuaciones del proceso penal en curso.
Según lo adelantado, los abogados expondrán un análisis del expediente y responderán punto por punto a lo que califican como “planteamientos inexactos”, insistiendo en que existen evidencias que contradicen la versión ofrecida por la entidad cívica.
Respuesta al informe
La convocatoria a los medios surge en medio de la reacción de Rodríguez al informe de Participación Ciudadana, el cual analiza el avance del proceso penal que se le sigue desde hace casi seis años y que ha generado debate público sobre los plazos procesales.
En su respuesta preliminar, el exprocurador sostiene que el documento contiene informaciones que considera incorrectas o manipuladas, y que busca influir en la opinión pública respecto al desarrollo del caso.
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Alegatos sobre el proceso judicial
Rodríguez atribuye la prolongación del proceso a actuaciones del Ministerio Público, señalando supuestas demoras en la fase de investigación, manejo de evidencias y presentación de la acusación.
Asimismo, afirma que durante el proceso ha comparecido a todas las audiencias sin solicitar aplazamientos y que incluso permaneció cuatro años en prisión preventiva, lo que según su postura descarta cualquier intención de dilatar el caso.
• El exfuncionario también cuestiona la magnitud de la acusación, a la que describe como extensa y compleja, alegando que ha contribuido a la prolongación del proceso judicial.
Debate en torno a los plazos
En su posición, la defensa insiste en que el proceso ha excedido los plazos razonables establecidos por la normativa procesal penal, mientras atribuye las dilaciones a decisiones y actuaciones del órgano acusador.
En ese contexto, sostiene que los tribunales han rechazado en ocasiones anteriores los señalamientos del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de su parte, dejando constancia según afirmade que las demoras provienen de la parte acusadora.
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